Antonio Pérez Vázquez '19 años en busca de Justicia'

Rosa María Martín, presidenta del Partido “Acción por la Justicia” denuncia públicamente el irregular caso que sufre Antonio Pérez Vázquez (foto) desde hace 19 años, nacido en Carmona (Sevilla), residente y afincado en Alcalá de Guadaíra, de sesenta años y ocho hijos, al que la “omisión del deber” por parte de las administraciones públicas han dejado sin su vivienda de Protección Oficial (VPO) en la Urb. "El Balcón de los Pintores", de Alcalá de Guadaíra.

Denuncia Pública: "19 años en busca de Justicia"

Presidencia del Gobierno Español

Con petición de traslado denuncia a:

 - Presidenca de la Junta de Andalucía

-  Fiscalia de la Junta de Andalucía

-  Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

El partido político Acción por la Justicia (AXJ), denuncia públicamente, y ante los Organismos pertinentes citados, la violación de derechos constitucionales, dilaciones innecesarias, y omisión del deber, llevados a cabo, por los responsables de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, Jueces y Fiscalía de 1a Junta de Andalucía, contra, D. Antonio Pérez Vázquez y familia (numerosa, con 8 hijos), causándoles, graves, e irreparables, daños económicos; dolor y daños físicos innecesarios (enfermedad y muerte de la madre), además de psicológicos.

La extensa documental probatoria que aporta, en su denuncia y queja, sobre los hechos ocurridos, pone de manifiesto:

Primero.- Que cumpliendo los requisitos legales exigidos en su caso, y ser trabajador con familia numerosa de 10 personas (8 hijos y matrimonio), le es concedida en el año 1989, una vivienda de Protección Oficial (VPO) en la Urb. E1 Balcón de los Pintores, de Alcalá de Guadaira (Sevilla), en cuyo acto entrega 3 millones de pesetas (18.000 euros), a Inmobiliaria Gabasán S.A., responsable de la ejecución de obras de construcción de las viviendas.

Segundo.- Entregada la vivienda a D. Antonio Pérez Vázquez, descubre graves defectos y desperfectos en la misma (vicios ocultos) que hacen inhabitable la vivienda, por lo que en principio, reclama su reparación a la citada empresa, denunciando los hechos a su vez, ante los Organismos andaluces pertinentes.

Tercero.- Los Servicios Técnicos de la Consejería de Obras Publicas y Transportes, (Delegación de Sevilla) realizan la preceptiva inspección, comprobando el estado de las viviendas; ratificando los desperfectos (vicios ocultos) de las mismas, por los que emiten su informe, dando un plazo de 30 días a la empresa, para su reparación.

Cuarto.- Inmobiliaria Gabasan, incumple la orden de reparación, no una vez, sino en tres ocasiones: Orden de 4 Junio de 1990; expediente sancionador n° 60/90; y de 16 de Febrero de 1993 por lo que la falta, se convierte en muy grave (Art.153 apartado C, n° 6 del Reglamento de VPO de 24 Julio de 1968. en relación con los Arts. 56 y 57 del R.D. 3148/78 de 10 de Noviembre) y es sancionada con multa de 250.000 pesetas, y obligada a reparar en plazo de 30 días.

Quinto.- Inmobiliaria Gabasan, interpone, recurso contencioso-administrativo, ante el T. S.J A., sala Tercera, R. 1 1 06/94, unido en una misma pieza, contra la Consejería de Obras Publicas y Transportes de Andalucía, y contra uno de los afectados: D. Antonio Pérez Vázquez; siendo desestimado dicho recurso, ratificándose, por tanto, la sanción impuesta por el Servicio de Inspección, de la Delegación Provincial de Sevilla.

Sexto.- La citada empresa incumple nuevamente, la sanción y obligación de reparar los vicios ocultos, dando la callada por respuesta, "desapareciendo" del mercado, como empresa, dejando impagado al Banco que financiaba estas obras, quedándose además, con las cantidades que habían abonado los compradores; entre ellos, D. Antonio Pérez Vázquez, que por entonces ya llevaba viviendo un año en la casa, con desperfectos, inc1uidos.

Séptimo.- Como consecuencia de las deudas contraídas con el Banco, por parte de la empresa Gabasan, ante la desaparición de la misma, el Banco, arremete contra los Adjudicatarios-propietarios de las viviendas, para que asuman las deudas contraídas, por la constructora en cuestión. Esto además de inaudito es absolutamente ilegal.

Por todo ello, y una vez comprobada toda la documental aportada, desde partido político Acción por la Justicia, DECLARAMOS y DENUNCIAMOS:

QUE, incomprensiblemente, la Junta de Andalucía NO INTERVIENE para evitar esta ESTAFA, como es preceptivo en la Ley, incurriendo, en OMISIÓN DE DEBER, y lo que es más grave, en CONSENTIMIENTO DEL DELITO por omisión, ya que ha conocido, probado, y constatado, todos los hechos denunciados, incluyendo su propia sanción la cual, inadmisiblemente, NO EJECUTA.

QUE, la J. de Andalucía, tampoco sale en defensa de los Derechos del adjudicatario legal de la vivienda (VPO) de Protección Oficial, D. Antonio Pérez Vázquez, al cual, se le DESPOJA ILEGALMENTE de la misma, por el Banco acreedor de la delictiva, y desaparecida ...?...", Inmobiliaria Gabasan, para luego especular con ella: subastada en 14 millones, novecientas mil pesetas (89.600 euros).

QUE, resulta inadmisible, la negativa de1 Banco acreedor, a vender (por 2ª vez..?...) al propio adjudicatario legal D. Antonio Pérez Vázquez, el cual, ante la indefinición y desamparo que la Junta de Andalucía le creo, trató de llegar a un acuerdo con el propio Banco acreedor de la inmobiliaria en cuestión, ofreciéndole, en plazo y forma legal, antes de la subasta; incluso, una cantidad mayor de la que pedía el Banco, asumiendo, los costes de reparación de la vivienda.

Incomprensible el Banco, incumpliendo la Ley, le denegó este derecho preferente:

- El adjudicatario de la vivienda, lo era por asignación legal, de vivienda protegida

- El adjudicatario había pagado, las entregas estipuladas en su contrato.

- El adjudicatario de la vivienda. No es responsable de las deudas contraídas por terceros.

- El adjudicatario de la vivienda, llevaba un año viviendo en la misma, por lo que además, le asistía el derecho preferente de compra, frente a terceros.

Por todo ello, desde este partido político Acción por la Justicia DENUNCIAMOS, los hechos, para su investigación, y consecuente solución, ante los Organismos pertinentes citados, y ante la Opinión Publica esperando que los máximos responsables encuentren la forma de devolver legalmente, la vivienda en cuestión, a su legítimo dueño, junto al resarcimiento de todos los danos producidos: desplazamientos, médicos, abogados, costas procesales, abogados, etc., soportados por las victimas de esta Estafa: D. Antonio Pérez Vázquez (su esposa, ahora fallecida) y sus hijos, durante 19 años.

En Estepona a 1 de febrero de 2008
Rosa María Martín, Presidenta, “Acción por la Justicia”