Lo que oculta la Mina Las Cruces
Ecologistas en Acción no sale de su asombro sobre la cantidad de mentiras e informaciones ocultas que la multinacional canadiense Inmet Mining, propietaria de la Mina Las Cruces, ha proporcionado a los medios de comunicación recientemente.
La multinacional sigue sin explicar que tratamiento va a usar con la capa de gossan, formado por oro y plata, que existe justo debajo del acuífero Niebla-Posadas, antes de llegar al filón de cobre que va explotar. Está claro que Inmet Mining no quiere que los ciudadanos españoles investiguen, mediante un simple buscador de Internet, sobre la devastación medioambiental en ríos que esta multinacional canadiense ha provocado usando cianuro en sus minas de oro por todo el mundo.
Y todo este ocultismo se realiza con la colaboración necesaria de la Junta de Andalucía, que desde enero de este año se niega a facilitar a Ecologistas en Acción los datos del plan de labores de la mina, alegando que contiene datos geológicos mineros que deben mantenerse en secreto hasta enero de 2009, Además, recientemente la Junta de Andalucía ha negado al Diputado de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Andalucía José Manuel Mariscal que pueda inspeccionar el expediente minero de Las Cruces acompañado por asesores de Ecologistas en Acción.
Foto aeréa de la mina
Mientras CLC asegura a los periodistas que el acuífero Niebla-Posadas va a estar protegido por un sistema infalible de drenaje-inyección, oculta que ese sistema debe funcionar sin fallos ininterrumpidamente, día y noche, durante 15 años para evitar la inundación de la mina y la contaminación del acuífero. La mina oculta que este mismo sistema no pudo evitar el cierre definitivo por inundación de las minas de Alquife por el acuífero de Guadix. De hecho, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), para autorizar la mina obligó de manera inexcusable a CLC a garantizar que se pueda realizar una parada segura del sistema ante cualquier fallo imprevisto. Pero lejos de garantizarlo, la empresa CLC, en un escrito dirigido al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla el pasado 20 de febrero, asegura textualmente que "el drenaje-inyección en la explotación minera Las Cruces para protección del acuífero Niebla-Posadas exige el continuo funcionamiento de los pozos de drenaje y reinyección, sin que la suspensión de la explotación minera permita la paralización del sistema, bajo riesgo de importantes daños medioambientales como pérdida de agua del acuífero o contaminación del mismo".
Respecto al nuevo informe que al parecer la empresa CLC ha pagado a una consultora medioambiental en relación con la incidencia ambiental del vertido de Las Cruces al Guadalquivir, Ecologistas en Acción recuerda que el viceconsejero de Medio Ambiente se negó a realizar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) específica de ese mismo vertido ante una petición del Ministerio del Ministerio de Medio Ambiente, y que esa DIA, nunca realizada, es el único documento oficial que puede garantizar las responsabilidades civiles o penales que los daños, supuestamente "bajos" o "despreciables", por contaminación de venenos como el arsénico o mercurio pueda provocar en la pesca del Guadalquivir, en los cultivos de arroz, y en definitiva en la salud de las personas.
De hecho, la Junta de Andalucía conoce perfectamente que la Estrategia Europea contra el Mercurio no contempla situaciones de riesgo "bajo", dado el demostrado carácter acumulativo que tiene este potente veneno, sino que aboga por un política de Mercurio Cero.
La empresa CLC miente también sobre el número de trabajadores que la mina va a mantener de forma permanente durante los 15 años de explotación, ya que según informó el propio Consejo de Gobierno de Andaluz en su página web, éstos serían 169 en vez de los 300 que ahora asegura CLC. Además, es fácil comprobar que todos los sueldos de esos 169 trabajadores se van a pagar básicamente con los 53 millones de euros de subvenciones de dinero público que la multinacional va a recibir.
Es evidente que Ecologistas en Acción se ha convertido en una "piedra en el zapato" del complejo de intereses comunes CLC-Junta de Andalucía-PSOE, y que la empresa CLC intenta desacreditar con mentiras a una organización que simplemente esgrime la legalidad ambiental vigente para amparar la defensa del medio ambiente y de la salud de las personas. La empresa CLC ha llegado incluso a intentar negar la legitimidad que esta organización tiene para intervenir judicialmente, hasta el punto que el pasado 1 de junio de 2007, la jueza del Juzgado nº5 de la Contencioso-Administrativo de Sevilla ha considerado esta actitud de CLC como "temeraria dada la manifiesta falta de fundamento de sus argumentos".
